El miércoles de esta semana, en la Universidad de los Andes, tuvo lugar un evento académico para celebrar los diez años de la publicación del Caleidoscopio de las justicias en Colombia.
La investigación que dio lugar a este libro, en el cual tuve la fortuna de participar, fue dirigida por el profesor portugués Boaventura de Sousa Santos. Son muchos los análisis y las conclusiones interesantes que se plasmaron en esta investigación, iniciada hace quince años y que contó con la participación de unos veinte investigadores, de varias disciplinas, que trabajaron durante casi cinco años. Voy a señalar sólo tres que me parecen particularmente relevantes:
1. En Colombia existe una brecha demasiado grande entre la oferta de justicia (lo que los jueces resuelven) y la demanda de justicia (lo que la gente necesita que los jueces resuelvan). Una buena reforma judicial no se puede reducir a los problemas relativos a la oferta y, entre ellos, a la congestión. Este punto de vista (usualmente defendido en los ministerios de Justicia) es insuficiente y debe ser complementado con un punto de vista social, que tenga en cuenta los problemas relativos a la demanda, entre ellos el del acceso a la justicia.
2. La oferta de justicia en Colombia no sólo es reducida, lo cual significa que muchos conflictos se quedan por fuera del sistema judicial, sino también selectiva. Es decir que los jueces, sobre todo en algunas jurisdicciones como la civil y la penal, están dedicados a resolver procesos que no necesariamente son los más importantes para la ciudadanía. Así, por ejemplo, mientras en materia penal los jueces se concentran (a falta de recursos para investigar) en los casos más fáciles, en la jurisdicción civil buena parte de lo que hacen es resolver, a través de procesos ejecutivos, los problemas de cartera que tienen las grandes empresas privadas.
3. Hoy en día los jueces son protagonistas de la vida política nacional, lo cual les ha dado un gran poder para controlar, entre otras cosas, los desafueros de la clase política. Eso está muy bien. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la judicialización de la política entraña la politización de la justicia y que eso tiene riesgos. Para evitarlos es necesario que la politización de la justicia no implique, como ocurre con alguna frecuencia hoy en día, la irresponsabilidad de los jueces; que la justicia resuelva, de manera pronta y eficaz, los conflictos que se originan en la sociedad y que el protagonismo de las altas cortes no conlleve un abandono de la justicia ordinaria.
En síntesis, una justicia democrática en Colombia debe ser independiente, transparente y eficaz. La independencia es un antídoto contra la concentración del poder (contra el caudillismo presidencial que vimos en el gobierno pasado); la justicia transparente es un antídoto contra el clientelismo y la corrupción, y, por último, la justicia eficaz es un antídoto contra la conflictividad y la violencia social.
En Colombia la justicia cumple bien con la primera condición, pero no con las otras dos. Tenemos una justicia independiente, pero no lo suficientemente transparente, ni lo suficientemente eficaz. Eso era cierto hace diez años y lo es todavía hoy.
Ahora que las relaciones entre el presidente Santos y la justicia parecen enrumbarse por la vía del desencuentro definitivo (ahora que Santos rompió su promesa de que no criticaría los fallos judiciales) y mientras avanza, lánguidamente, el debate sobre la reforma judicial que cursa en el Congreso, quizás valga la pena volver a leer el Caleidoscopio de las justicias en Colombia.
