En materia jurídica se introdujeron las tutelas y las acciones populares; en materia económica se dictaminó la prioridad social de la política fiscal y se materializó en la forma de la elevación progresiva de las transferencias regionales para la salud y la educación.
El qué de la reforma era incontrovertible; le permitía al país contrarrestar el atraso social con respecto a América Latina y otros países similares. En cambio, el cómo quedó subordinado al modelo neoliberal del Consenso de Washington, que se aplicó en todo su vigor a partir de la misma fecha y se reflejó en el Artículo 333, en el cual se establece que la competencia regulará la economía dentro de los límites del bien común. Por este camino se privatizaron las empresas de comunicaciones, electricidad, explotación de recursos naturales, y aun más grave, se propició la entrega de los servicios básicos y el suministro de bienes públicos a los agentes privados.
Tal fue el caso de la Ley 100, que delegó la administración de la salud y las pensiones al lucro individual. En ambos casos los intermediarios adquirieron poderes monopólicos que se emplearon para apropiarse de los recursos del Estado y deprimir los servicios para ampliar las ganancias. Las empresas de salud (EPS) están al borde de la intervención oficial, y los fondos privados (AFP) sólo pueden pagar pensiones equivalentes a la quinta parte del ingreso promedio.
Por otra parte, el banco central autónomo, que le da la prioridad a la inflación sobre cualquier otro objetivo, coartó el derecho al trabajo. En un mundo donde el dinero tiene efectos reales y nominales, constituye un obstáculo para la producción y el empleo. Tan cierto es esto que en las dos décadas de aplicación del dogma se desplegaron las tasas más altas de desempleo e informalidad de la historia.
Infortunadamente, luego de la expedición de la reforma no se avanzó en un marco institucional que asegurara su realización; por el contrario, se interfirieron y desmontaron algunos de los aspectos centrales. El mayor golpe provino del acto legislativo del año 2001 de la administración Pastrana, que congeló en la práctica las transferencias regionales para la salud y la educación. Los gastos en estas dos áreas en términos del ingreso per cápita bajaron 20% en los últimos diez años, y tuvieron una clara responsabilidad en la deficiente calidad de la secundaria, la reducida cobertura de la formación superior y el caos de la salud.
Para completar, los veinte años de la Constitución se conmemoran con la expedición de la regla fiscal. La norma, por la vía de la semántica, les concede a los gobiernos un veto sobre los fallos de la Corte Constitucional y una disculpa para incumplir los derechos fundamentales.
El balance es claro. Las privatizaciones, la Ley 100, el Banco de la República y la austeridad fiscal redujeron el Estado Social de Derecho en un asistencialismo de baja calidad en salud y educación. El modelo del Consenso de Washington no sólo indujo una estructura productiva que redujo el crecimiento, bajó la participación del trabajo en el producto nacional y disparó las ganancias empresariales, sino que neutralizó la prioridad social de la Constitución. En los 20 años que siguieron a la expedición de la Carta la pobreza se mantuvo cerca de 50%, el desempleo y la informalidad aumentaron y la distribución del ingreso pasó a ser una de las más desiguales del mundo.
El qué de la reforma era incontrovertible; le permitía al país contrarrestar el atraso social con respecto a América Latina y otros países similares. En cambio, el cómo quedó subordinado al modelo neoliberal del Consenso de Washington, que se aplicó en todo su vigor a partir de la misma fecha y se reflejó en el Artículo 333, en el cual se establece que la competencia regulará la economía dentro de los límites del bien común. Por este camino se privatizaron las empresas de comunicaciones, electricidad, explotación de recursos naturales, y aun más grave, se propició la entrega de los servicios básicos y el suministro de bienes públicos a los agentes privados.
Tal fue el caso de la Ley 100, que delegó la administración de la salud y las pensiones al lucro individual. En ambos casos los intermediarios adquirieron poderes monopólicos que se emplearon para apropiarse de los recursos del Estado y deprimir los servicios para ampliar las ganancias. Las empresas de salud (EPS) están al borde de la intervención oficial, y los fondos privados (AFP) sólo pueden pagar pensiones equivalentes a la quinta parte del ingreso promedio.
Por otra parte, el banco central autónomo, que le da la prioridad a la inflación sobre cualquier otro objetivo, coartó el derecho al trabajo. En un mundo donde el dinero tiene efectos reales y nominales, constituye un obstáculo para la producción y el empleo. Tan cierto es esto que en las dos décadas de aplicación del dogma se desplegaron las tasas más altas de desempleo e informalidad de la historia.
Infortunadamente, luego de la expedición de la reforma no se avanzó en un marco institucional que asegurara su realización; por el contrario, se interfirieron y desmontaron algunos de los aspectos centrales. El mayor golpe provino del acto legislativo del año 2001 de la administración Pastrana, que congeló en la práctica las transferencias regionales para la salud y la educación. Los gastos en estas dos áreas en términos del ingreso per cápita bajaron 20% en los últimos diez años, y tuvieron una clara responsabilidad en la deficiente calidad de la secundaria, la reducida cobertura de la formación superior y el caos de la salud.
Para completar, los veinte años de la Constitución se conmemoran con la expedición de la regla fiscal. La norma, por la vía de la semántica, les concede a los gobiernos un veto sobre los fallos de la Corte Constitucional y una disculpa para incumplir los derechos fundamentales.
El balance es claro. Las privatizaciones, la Ley 100, el Banco de la República y la austeridad fiscal redujeron el Estado Social de Derecho en un asistencialismo de baja calidad en salud y educación. El modelo del Consenso de Washington no sólo indujo una estructura productiva que redujo el crecimiento, bajó la participación del trabajo en el producto nacional y disparó las ganancias empresariales, sino que neutralizó la prioridad social de la Constitución. En los 20 años que siguieron a la expedición de la Carta la pobreza se mantuvo cerca de 50%, el desempleo y la informalidad aumentaron y la distribución del ingreso pasó a ser una de las más desiguales del mundo.
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