La reforma política de la justicia, Jorge Ivan Cuervo

En vez de mejorar la calidad del servicio que recibe el ciudadano, este proyecto es una cuenta de cobro de los políticos a los magistrados y un cóctel de ideas malas o mal empaquetadas. Explicación autorizada y clara de qué propone la reforma y de qué debería proponer para que mejore de veras la justicia.

Otra reforma a ciegas

Históricamente, todo gobierno que se respete en Colombia ha querido dejar su sello con una reforma “estructural” de la justicia. Pero el afán de reforma se ha hecho más apremiante en los últimos tiempos, a medida que los gobiernos y los congresos sucesivos se han sentido más incómodos con el poder que la Constitución de 1991 le atribuyó a la administración de justicia. 

Siempre sobran justificaciones para pedir la reforma de la justicia, comenzando por el malestar de la opinión pública y de algunos sectores sobre la calidad del servicio: problemas en el acceso, congestión, morosidad en los procesos y falta de efectividad de las decisiones judiciales, son las quejas más comunes. Pero sus causas y sus remedios reales no han sido objeto de investigación o elaboración suficiente y convincente por parte del gobierno, de la academia o de la rama judicial. 

El gobierno aduce que mejorar el acceso a la administración de justicia es uno de los objetivos básicos de la reforma que propone, pero nadie sabe a ciencia cierta cuál es la demanda potencial de justicia en Colombia, de manera que no hay bases objetivas para poder adecuar la oferta. El Consejo Superior de la Judicatura opera sobre cifras históricas, pero no ha indagado acerca de la demanda de justicia que efectivamente se queda sin atención. Lo cierto es que nadie sabe con precisión cuántos y quienes se quedan por fuera del servicio de justicia.

Distinciones esenciales

El gobierno anterior creó una Comisión de Reforma a la Justicia que señaló los temas esenciales que debería cubrir una reforma y distinguió entre aquellos que necesitan de reformas constitucionales, los que suponen una reforma a la Ley Estatutaria de Justicia, y aquellos otros que corresponden a simples decisiones del Consejo Superior de la Judicatura.

Por otra parte, la experiencia indica que es necesario distinguir entre las reformas institucionales, las reformas de los códigos sustantivos y de procedimiento, y las reformas administrativas o de gestión. Cada una de estas necesita de medidas diferentes y de esfuerzos político-institucionales y financieros distintos.

También se necesita tener en cuenta los efectos de encadenamiento. Por ejemplo, no es posible reducir los tiempos procesales sin reformar los códigos de procedimiento, y estos no operarán sin cambios en los modelos de gestión en los despachos judiciales, lo cual a su vez supone un mejor de desempeño de los jueces y funcionarios judiciales.

La reforma que no era, y sus errores

El gobierno Santos ha optado por un modelo cuya apuesta fuerte es una reforma constitucional sobre temas que son importantes y que tal vez ameritan ajustes, pero que no atañen o atañen poco a mejorar la administración de justicia. En efecto:

• El tema del fuero militar en un contexto de conflicto armado es de tal magnitud y sensibilidad política que debió ser materia de un paquete legislativo separado, para que no condicionara la discusión sobre los demás temas.

• Las medidas de política criminal también deberían haber sido objeto de un proyecto distinto, que incluya cambios en las funciones y competencias de la Fiscalía, en el sistema de juzgamiento de congresistas y altos funcionarios, la supresión de los agentes del ministerio público en los procesos penales y otra serie de medidas relacionadas con la seguridad ciudadana y las violaciones a los derechos humanos. Restablecer la facultad de la Fiscalía para realizar capturas y allanamientos sin orden judicial es un retroceso innecesario.

• Las facultades nominadoras de las Altas Cortes para los cargos de Procurador y Contralor hacen parte del corazón del diseño institucional por el que optó el constituyente de 1990, bajo la lógica de los llamados frenos y contra pesos. Una reforma de este sistema podría ser considerada una sustitución de la Constitución y no pasar el test de la Corte Constitucional bajo la doctrina de las competencias como vicio de forma. Pero más allá de esa discusión, el gobierno no ha demostrado que exista una relación entre estas capacidades nominadoras y los problemas de acceso, congestión y morosidad del servicio de justicia, temas que deberían ser el eje de cualquier reforma.

• En materia de congestión, antes de sugerir medidas inciertas como la de habilitar abogados y notarios para adelantar procesos judiciales, debería efectuarse un balance cuidadoso sobre las medidas de descongestión adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura en el marco de la ley 1395 de 2010.

La Cuarta Encuesta de Justicia indica que las medidas adoptadas en el marco de esa ley, tales como la perención y el desistimiento tácito, han sido efectivas, y bastaría con reforzarlas con mayor presupuesto y más recursos humanos. Ahora bien, sin cifras confiables es difícil realizar diagnósticos apropiados. La congestión no es la misma en todas las jurisdicciones, ni en todas las ciudades ni en todas las instancias. En cada caso deben aplicarse medidas diferentes. Planteamientos como los contenidos en el documento Garantizar una Justicia Eficiente, preparado por el Departamento Nacional de Planeación en el marco de Colombia Visión 2019 deben ser el punto de partida para una reflexión sobre lo que debe hacerse para descongestionar la justicia.

• En materia civil, los procesos ejecutivos singulares e hipotecarios constituyen buena parte de la carga de los despachos, lo cual sugiere crear una jurisdicción ejecutiva especializada. Este es el tipo de medidas que deberían discutirse en el marco de la reforma, en lugar de decidir si los magistrados, procuradores y contralores pueden ser elegidos a cargos de elección popular en los cinco años siguientes a su retiro. Son temas sin duda taquilleros, pero que poco o nada afectan al ciudadano que sufre un sistema judicial incapaz de resolver los conflictos y proteger los derechos con eficacia y oportunidad.
• La reforma de la tutela contra sentencias judiciales, introduciendo la necesaria intervención de un abogado y un período de caducidad de un mes, desnaturaliza esta figura y no apunta a mejorar la protección jurídica del ciudadano frente al Estado.
• Restablecer las funciones disciplinarias de los jueces frente a sus subalternos es un paso en la dirección equivocada que va a enredar aún más la función jurisdiccional. La creación del Colegio Nacional de Abogados como instancia disciplinaria, dado el bajo grado de capital social entre los abogados colombianos, es una medida destinada al fracaso. En la reforma debería estar discutiéndose temas como la regulación de los honorarios de los abogados o de los árbitros en los tribunales de arbitramento, cuyo alto costo se está convirtiendo en una barrera de acceso infranqueable para los más vulnerables.

La reforma que no fue pero podría ser

Lo cierto es que un gobierno con amplio margen para tramitar reformas constitucionales y legislativas ha pretendido darles gusto a todos los involucrados. Lo que pudo haber sido una oportunidad para abordar -por fin- los temas que afectan de veras al ciudadano, se está convirtiendo en pretexto para que un sector de la clase política pase su cuenta de cobro a la administración de justicia.

En una reforma de la justicia se hubieran esperado, por ejemplo,

• cambios en la justicia de paz;
• regulación de los tribunales de arbitramento;
• lineamientos de política para consolidar la jurisdicción indígena;
• pensar en figuras que han servido en otros países, tales como los jueces itinerantes o reestructurar el programa de Casas de Justicia para que no atiendan solamente funcionarios administrativos, sino también judiciales;
• reformas en los horarios de atención de los jueces, o
• un régimen disciplinario más exigente frente al cumplimiento de los términos procesales.

Pero todo indica que el gobierno optó por la superficie de lo que debe ser una reforma judicial, desaprovechando el gran capital político que ha demostrado tener en la legislatura.

Sería deseable que el gobierno no hiciera un punto de honor de algunos de los temas hasta ahora aprobados en el Congreso y tuviera la sensatez de discutir en profundidad los asuntos que de verdad afectan el servicio de administración de justicia, pensando primero en las necesidades jurídicas de los ciudadanos.

Ojalá pues que el proyecto se hunda, y que esta sea la ocasión para pasar a una reforma que equilibre las cargas del ciudadano con el Estado y no las de la clase política con la justicia.

* Profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia. Columnista y autor de numerosas publicaciones.

La izquierda se la juega Por: Cristina de la Torre

En esta Colombia conservadora y violenta, la elección popular de un exguerrillero como alcalde de la capital conmueve los cimientos de su tradición política.

La Mano Negra y la Mano Roja parecen cerrarse en puño de hierro para golpear, una, al intruso; la otra, al hereje. Y es que Gustavo Petro encarna una fuerza que por vez primera gobernará a Bogotá con demócratas de izquierda decididos a operar el tránsito hacia otra idea de ciudad. No con Anapo ni con la U. Ni con carteles de ladrones que pasan por contratistas. Dos trazos gruesos empiezan a dibujar el perfil de su movimiento Progresistas. Primero, una vocación de paz que sepulta para siempre toda veleidad con la táctica comunista de la combinación de formas de lucha. Segundo, el rescate de la Constitución del 91 que Petro ha erigido en plataforma ideológica suya. En particular, de mecanismos de participación e inclusión social como el cabildo abierto para decidir porción sustancial del presupuesto de la ciudad de consuno con la gente. Sería ésta, según Navarro Wolf, una genuina marca de fábrica de la izquierda. Mas no será fácil diferenciar estas audiencias populares de los consejos comunales que Álvaro Uribe convirtió en punta de lanza de su "gobierno de opinión", tributario de la democracia plebiscitaria que llevó a Colombia al borde la dictadura.

Ni fácil será suplantar con tales mecanismos de democracia directa la democracia representativa, donde el pueblo refrenda con su voto el programa que su candidato ofreció en campaña y lo autoriza a ejecutarlo. Si no, ¿para qué elegir, para qué la competencia de ideas y programas que se ventilan en campaña electoral? Papel distinto (y crucial) desempeñarían estos cabildos como escenario de rendición de cuentas del gobierno y medio de control político de partidos y organizaciones civiles. Pero empeñar la iniciativa y el poder decisorio del gobierno a la volubilidad de una ciudadanía sacralizada y sin norte puede ser camino expedito hacia la demagogia y el desmadre de las políticas públicas. Salvo que la experiencia demuestre lo contrario.

Un flanco que sí resulta decisivo para desahogar a la izquierda es la ruptura sin atenuantes con la combinación de formas de lucha. La glorificación excluyente de la lucha armada le había hurtado a la izquierda por décadas el derecho de hacer política, y cercenado el ya reducido espacio de la tolerancia. La táctica de marras contribuyó a su manera al exterminio de la Unión Patriótica en los años 80 y 90: muchos militantes de ese partido legal cayeron inermes como carne de cañón en una guerra ajena, mientras el grupo armado se refugiaba heroicamente con sus fierros monte adentro. Diablillo que se insinuaba de tanto en tanto en el seno del Polo, las "sieteluchas" pusieron su grano de arena en las disensiones que terminaron por polarizarlo en polos irreconciliables hasta la ruptura final.

Capítulo aparte merecerá la capacidad de Progresistas para retomar la disposición constitucional de trazar planes indicativos de desarrollo que armonicen crecimiento con política social y ambiental. Ya Petro lo sugiere con su apelación reiterada a las alianzas público-privadas. Perspectiva de verdadera intervención del Estado que le devolvería al primer mandatario la orientación del ahorro nacional y podría moderar los poderes ilimitados que se le han otorgado a la Junta del Banco de la República. Cabrían entonces, otra vez, una estrategia de industrialización y mecanismos eficaces de inserción en la economía mundial sin caer en la miseria.

De la madurez y el coraje con que Petro y su equipo aborden asuntos de tanta enjundia dependerá que Bogotá salga del pantano. Y que Progresistas florezca como alternativa de izquierda democrática capaz de romper las cadenas con que los extremistas de todos los colores han querido siempre estrangularla.

Tomado de elespectador.com - lunes 16 Ene 2012 - 

El origen de los derechos humanos Por: Rodolfo Arango

Rodolfo Arango

La historiadora Florence Gauthier sostiene que los derechos humanos aparecen en la historia más temprano de lo pensado. No sería en el siglo dieciséis, en los inicios de la modernidad, sino en los siglos once y doce, con las revoluciones campesinas, cuando la humanidad habría ganado la conciencia de los derechos humanos.

Los campesinos se habrían resistido a la arbitrariedad de los poderosos ya en la Edad Media. Las revoluciones inglesa, francesa y americana habrían sido sólo desarrollos posteriores de la idea de los “derechos naturales”. No pararon ahí los hallazgos presentados por la profesora de la Universidad París Diderot. Un segundo aporte lo relacionó con la defensa que Bartolomé de las Casas hiciera de la población indígena, explotada y sometida por el desenfreno de los señores coloniales. Recordó Gauthier que Las Casas arribó a América en calidad de colono esclavista que, con la evidencia del sufrimiento de los naturales del nuevo reino, se convirtió en el mayor luchador de la causa indígena ante la corona española y la iglesia de Roma.

Las tesis de la historiadora Gauthier no dejan de ser inquietantes. El origen de los derechos humanos no reposa tanto en la razón humana sino en la sensibilidad frente al sufrimiento. La posterior apropiación del discurso de los derechos por parte de iusnaturalistas defensores de las libertades individuales habría sido ideológica, negadora del origen colectivo de los derechos. Las Casas, ya convertido en fraile dominico, mostró gran sensibilidad que le permitió apostatar del oficio de encomendero, para tornarse vocero de los oprimidos. Su revolución más que armada fue humanística. Se permitió poner en duda las fronteras cognitivas de la época, que situaban a los indígenas como especie inferior destinada a servir y pagar tributo a los señores de turno.

La reivindicación del derecho “natural” no parece necesaria para oponerse al reduccionismo del pensamiento positivista contemporáneo. Valioso en los análisis de la historiadora francesa es el binomio sufrimiento/resistencia colectiva que aflora en la base de la tradición de los derechos humanos. La inconmensurabilidad del dolor no permite una cuantificación por “expertos” ni la administración por el Estado. Tras los derechos humanos late la indignación de todos los inconformes con la injusticia social existente.

Hoy en día la tensión entre acumulación de riqueza a expensas de otros y respeto a los derechos humanos se mantiene, aunque bajo otras formas. Las constituciones, con sus pletóricas declaraciones de derechos, no pueden contener la voracidad del capital financiero, dispuesto a engullirse todo lo que esté a su alcance. La década de 1990 en Latinoamérica ha sido un buen escenario del fenómeno: ambiciosas cartas de derechos se incorporan a las constituciones nacionales al tiempo que se privatiza la prestación de los servicios públicos necesarios para satisfacer dichos derechos. La ideología neoliberal desvertebra las funciones del Estado social. Lo desfigura hasta hacerlo irreconocible. La movilización colectiva en pos de una vida más satisfactoria puede no obstante llevar a grandes trasformaciones, incluso contra la voluntad de los defensores del orden establecido. Sensibilizarse, organizarse y desafiar creativamente las fronteras cognitivas y políticas parece ser lo que aconseja la experiencia histórica de los derechos humanos.

La llave de la paz la tiene 'Timochenko' Por Vicenç Fisas*

El país necesita el silencio de las armas y encarar un proceso de paz serio y definitivo. Las FARC tienen la oportunidad de iniciarlo ya, sin más demora.

VICENÇ FISAS

Se ha hablado mucho, desde que Santos es presidente, de que él tiene la llave de la paz. Pero me permito recordar que, días antes de la muerte de Cano, en una carta dirigida a Cristina Fernández de Kirchner, las FARC manifestaron que “estamos dispuestos a sentarnos en una mesa de diálogo con el gobierno de Juan Manuel Santos, con participación de los sectores políticos y sociales, para buscar entre todos una salida política, sobre la base de justicia social y soberanía del pueblo, al prolongado conflicto social y armado que desangra al país".

El presidente Juan Manuel Santos, por su parte, acaba de asegurar que está listo para abrir la puerta del diálogo con la guerrilla de las Farc, al manifestar que estaba convencido de que el fin del conflicto en Colombia debía ser a través de una salida política. “La llave está en mi bolsillo y estoy dispuesto a abrir las puertas porque creo que el fin debe ser a través de una solución política, pero necesito claras indicaciones de que esta gente no van a traicionar la confianza del pueblo colombiano”, ha manifestado Santos.

El mandatario, desde Londres, donde adelantó una visita oficial, agregó que “necesito claras indicaciones de que ellos se van a sentar a negociar de buena fe y no he recibido estas indicaciones; si las recibo sería el más entusiasta en sentarme para tratar de encontrar un acuerdo. Cualquier presidente colombiano sueña con dejar este país en paz tras 50 años de guerra, yo espero que esto me suceda a mí pero no estoy afanado”.

Son dos señales bien claras. Resta saber si ‘Timochenko’ mantiene aún la oferta de diálogo de hace unas semanas. Si fuera así, sólo tiene que hacer el gesto de liberar las personas privadas de libertad, para que empiece un proceso de negociación, esperado y necesario. El país necesita el silencio de las armas y encarar un proceso de paz serio y definitivo. Las FARC tienen la oportunidad de iniciarlo ya, sin más demora. Tendrían todo el respaldo nacional e internacional, de UNASUR a la Unión Europea y Naciones Unidas.

El proceso podría ser novedoso, adaptado a la realidad actual, pero pretencioso al mismo tiempo. No valen ya más manifestaciones a favor de una salida política. Hay que ponerla en marcha, sin más demora, y ya se sabe el camino. El primer paso es obligatorio, la libertad de las personas privadas de libertad; el segundo es encontrarse en un país vecino para cuadrar los detalles de la negociación formal. Y el tercer paso es empezar el diálogo entre las partes, con voluntad para que sea la antesala del proceso de paz definitivo. El país lo necesita, y Timochenko tiene la llave.

*Director de la Escuela de Cultura de Paz, UAB 

De las besatones estudiantiles a la nueva política. Por: César Rodríguez Garavito

Se equivocan quienes piensan que las protestas estudiantiles son una improvisación juvenil, o que no tienen que ver con la ola de inconformismo que se extiende desde Santiago hasta Nueva York, El Cairo o Madrid.

Me tocó en suerte pasar, en pocos días, de asistir a las marchas del movimiento Occupy en Wall Street, San Francisco y Oakland, a presenciar las protestas del jueves pasado en Bogotá. Lo llamativo son las similitudes entre las formas de hacer política de los indignados de aquí y de allá. Y el profundo desconcierto que han provocado en los políticos, que no saben qué hacer con ellos.

Sus formas de protestar son el fruto de la revolución de las tecnologías de la información: las redes sociales que propagaron como virus las abrazatones y besatones de los estudiantes chilenos y que, importadas por los colombianos, le dieron al movimiento estudiantil criollo una credibilidad pacifista y una proyección política sin precedentes recientes. En el mundo de Facebook y Twitter, las técnicas del descontento —lo que los sociólogos llaman “el repertorio de protesta”— se globalizan en escasos días, como lo confirma la invitación de los estudiantes chilenos a los colombianos a marchar simultáneamente en los próximos días.

Pero el movimiento estudiantil es más que besos y abrazos. Como otras movilizaciones de la era de las redes sociales, encarna una forma distinta de hacer política en cuanto tiene una lógica más horizontal y descentralizada que movimientos de otras épocas, como el sindical. Al igual que en las ocupaciones de la Plaza Tahrir en Cairo o del Parque Zuccotti en Wall Street, no hay un líder visible y las decisiones tienden a tomarse por consenso, tras deliberaciones como las de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil de este fin de semana. Más allá del tema específico de sus reclamos, comparten también la reivindicación fundamental de la participación ciudadana directa en las decisiones públicas.

Esta lógica organizativa tiene desventajas: es más difícil fijar una posición, armar una agenda y llegar a una determinación. Pero tiene también ventajas que descolocan a los políticos: no hay líderes para cooptar, ni estrategias de desinformación que no puedan ser contrarrestadas por videos creativos que circulen rápidamente por la red, como el que hicieron los estudiantes para poner en ridículo la propaganda del Ministerio de Educación a favor del deficiente proyecto de reforma a la ley 30.

Como quedó claro en la Primavera Árabe, los gobernantes autoritarios son los primeros descompuestos por estas movilizaciones. Ahí está el video de Francisco Santos recomendando “meterles voltios a los muchachos” para apaciguarlos, pero olvidando que las redes sociales son buenas conductoras de electricidad y que su imagen desencajada ha sido reproducida cientos de miles de veces y quedará para siempre en YouTube.

Los gobernantes demócratas están igualmente desconcertados. Como lo recordó La Silla Vacía, entre los pocos pulsos que ha perdido Juan Manuel Santos están los que ha tenido con ciudadanos movilizados contra iniciativas de su gobierno, como la reforma a la educación, el infortunado proyecto de ‘Ley Lleras’ sobre piratería en internet y la explotación comercial del Parque Tayrona. Aunque el mandatario ha hecho lo correcto al retirar estas iniciativas, se demoró mucho en hacerlo en los dos primeros casos, y en todos subestimó la reacción ciudadana.

Hay que agradecer a los estudiantes por resucitar la movilización pacífica y la democracia participativa. Lo que pase ahora dependerá no sólo de ellos, sino de la participación y el aporte de las organizaciones sociales, los profesores y los ciudadanos interesados en el futuro de la educación. Y de que el Gobierno haya aprendido la lección y garantice que la discusión sea genuina y tenga poder de decisión.

Rebeldes con causa, Por: Cristina de la Torre

Cristina De la Torre 

No es cualquier victoria. reivindicar el derecho a educación gratuita, buena y para todos, desentraña el grotesco de una sociedad petrificada en las jerarquías y privilegios de

Pone en evidencia el apartheid social que reina aún entre nosotros, donde los ricos acaparan la mejor educación y a los pobres que logran acceder a ella se los estafa con la peor. Tampoco es ya Colombia la autocracia que no hace mucho se ensayó. En gesto que lo engrandece, el presidente se allana a la fuerza de un movimiento pacífico que se revuelve contra la mezquindad del Estado con la universidad pública, contra la marcha inexorable hacia su privatización.

La protesta de 600 mil estudiantes el pasado jueves, salpicada de canciones y colores y besos a miembros de la policía antimotines, epílogo de las 1.573 movilizaciones que tuvieron lugar en el país entre enero y septiembre, indica que Colombia despierta: se repone del letargo catatónico que la mantuvo levitando durante ocho años en arrebato místico frente al mesías que gobernó, rosario en mano, mientras parecía no ver entre su fanaticada a los políticos en manguala con los de la motosierra. Tremendo contraste con un gobierno capaz de archivar su propuesta e invitar a debate “amplio, democrático y de cara al país”. Aunque Pacho Santos, exvicepresidente del expresidente, vocifere descompuesto contra el primer mandatario: “el presidente tiembla” frente a los estudiantes, dice, y convida a neutralizarlos con choques eléctricos. Intolerables le resultan porque reclaman educación como derecho ciudadano, no como negocio. Porque la organización que representa a estudiantes de casi 80 universidades públicas y privadas prepara propuesta alternativa a la ley 30 que propusiera el Gobierno. Pero, sobre todo, porque sus líderes declaran maravillados: “Volvimos a tomar conciencia de que otro mundo no sólo es posible sino necesario”.

Después de 40 años, renace el movimiento estudiantil. Corría el año de 1971. En los siete meses que duró el paro nacional universitario, no hubo flores ni abrazos a la fuerza pública y sí, en cambio, 20 muertos y cientos de heridos y encarcelados. Entonces los estudiantes pensaban también que democratizar la educación, elevar su calidad científica y humanística, preservar la autonomía de las instituciones de educación superior, financiarlas con partidas suficientes del presupuesto nacional y recomponer sus organismos de dirección con participación de estudiantes y profesores era empezar a convertir en realidad el sueño de un mundo nuevo. La divisa de los estudiantes desbordó las fronteras de su Programa Mínimo, para proyectarse a los problemas grandes del país. Nunca se discutió tanto ni con tantas cifras como en aquel entonces. Nunca se acercaron tanto los estudiantes al movimiento campesino que protagonizaba ardua lucha por la tierra, ni a otros sectores populares que desarrollaban la suya propia. Pero fue flor de un día. El ascenso de una izquierda empeñada en incrustarle a Colombia el modelo de la revolución soviética o de la china o la cubana, sin contemplar los pormenores de lo propio, desnaturalizó el movimiento. Lo convirtió en presa de sectas políticas y aquél, con buen sentido, las abandonó a su suerte. De los cientos de miles de muchachos manifestando en las calles no quedaron sino los exiguos promotores del tropel.

Pero las banderas de los jóvenes siguen ondeando y cobran vida nueva: lejos de abrirse una educación de calidad para todos, en estos 40 años la universidad pública se ha empobrecido día a día. La discriminación en las aulas apenas expresa cuánto han crecido en este país los abismos entre clases sociales. “En el tercer país más desigual del mundo —recuerda María Antonia García— tenemos el ejército más temible de Latinoamérica y la educación más inequitativa”.

Publicado en el El Espectador, noviembre 15 de 2011

La ambigüedad de la Constitución: mucho más que expresión del conflicto social. Freddy Cante* Verónica Ramírez Montenegro**

Una lectura en diagonal del texto constitucional y de sus modificaciones, que pone en evidencia la profunda ambigüedad de la norma, también revela su tosquedad conceptual: se presta maravillosamente al juego sucio de políticos y de gobiernos oportunistas.

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Verónica Ramirez

Freddy Cante

Dos posiciones opuestas

La ambivalencia o imprecisión ocurre porque las constituciones modernas son producto de acuerdos imperfectos, incompletos e indeterminados, entre sectores muchas veces rivales de sociedades atravesadas por el denominado "conflicto social moderno" -término acuñado por el sociólogo Ralph Dahrendorf [1].

Este conflicto consiste en la tensión entre dos posiciones extremas: capitalismo versus socialismo. La revolución capitalista le apuesta al crecimiento económico: la expansión insomne de la riqueza legada por una revolución industrial permanente y por la liberalización de los mercados. La pretendida revolución socialista promueve la expansión o democratización de titularidades: la promoción de la justicia social y de la redistribución de la riqueza, heredada de las revoluciones francesa y socialistas.

Dice Dahrendorf que los extremos suelen ser viciosos. No obstante, la gran pregunta es si se puede convivir con una combinación de tendencias políticas tan disímiles, de manera coherente. Lo recomendable para la existencia pacífica de las sociedades modernas es la aplicación de "dosis no tan extremas", sugiere el propio Dahrendorf.

Intentos de conciliación

La teoría de la justicia de John Rawls [2] también sufre de la ambigüedad mencionada, aunque intenta conciliar los dos extremos. Esta teoría busca asegurar objetivos minimalistas de corte socialdemócrata: las garantías generales de bienestar y libertad para los peor situados, sin perjudicar el statu quo de los capitalistas, lo cual denota un respeto reverencial por el criterio de Pareto y su afán por preservar la desigualdad para estimular la competencia y permitir la acumulación. Es pertinente recordar que el óptimo de Pareto es un estado de equilibrio donde no es posible mejorar la situación de algunos sin empeorar la situación de otros, lo cual implica un estado de sospechosa armonía social.

Un marxista empedernido le reclamaría al moderado John Rawls que éste jamás habla de clases sociales (burgueses versus proletarios), ni de explotación, ni de condiciones objetivas y que prefiere evadir tales conflictos utilizando trucos de ficción (posición original neutra, velo de ignorancia) y acuñando conceptos asépticos, como aquel término de "los peor situados".

Al otro extremo del espectro, un admirador tenaz del ultraliberal Friedrick Hayek encontraría válida la teoría de Rawls en tanto esta mantiene el énfasis en la competencia económica que no puede dar lugar a una distribución ideal o predeterminada del ingreso puesto que está sujeta a la incertidumbre y al despiadado conflicto mercantil: unos ganan, otros pierden.

Derivada también de la Teoría de la Justicia de John Rawls ha sido la propuesta revolucionaria de crear un "ingreso ciudadano": un ingreso básico, universal e incondicional, al que se tenga derecho por el simple hecho de ser ciudadano, una tentativa del marxista analítico Philippe Van Parijs [3]. Este autor argumenta que tal propuesta constituye "una vía capitalista al socialismo": la condición para hacerla posible sería por supuesto una elevada carga impositiva a quienes compiten y acumulan en un mercado despiadadamente capitalista.

En la perspectiva de Jon Elster [4], en las constituciones existe una tensión o conflicto entre tendencias en favor del crecimiento (aumento de la riqueza o de la utilidad que reciben los consumidores) versus aquellas que buscan garantizar el nivel más alto de bienestar para los peor situados, como propone Rawls. Elster sostiene que algunas veces puede existir alguna complementariedad entre las dos tendencias: avances sociales podrían resultar en mejoras en materia de crecimiento; y un mayor crecimiento puede mejorar el bienestar de los más pobres.

Este filósofo ofrece reflexiones interesantes, como las siguientes:

i) Para que la ciudadanía ejerza sus derechos políticos a la seguridad económica, requieren de antemano alguna seguridad económica: ¡emprender acciones colectivas y políticas es costoso!, ¡ofrecer derechos sin recursos económicos son patéticos saludos a la bandera!

ii) Puesto que una excesiva libertad de contrato puede socavar el bienestar y hasta causar hambre para una parte de la población, podrían existir cláusulas constitucionales que obliguen a los dueños de la tierra cultivable a producir alimentos.

iii) Derechos sociales como la educación y la salud no pueden verse como un gasto inútil, sino más bien como un insumo para generar más capital humano y mayor crecimiento económico.

La ambigüedad de la Constitución del 91

La dificultad para identificar un modelo económico específico en la Constitución del 91 se debe principalmente a la ausencia de una fuerza hegemónica en la Asamblea Constituyente que, como fuerza mayoritaria, impusiera su visión sobre los otros sectores [5].

Terminaron recogiéndose, al mismo tiempo, visiones del liberalismo clásico, en defensa de la propiedad, la iniciativa privada y el libre comercio como motor de la economía, con otras visiones intervencionistas y socialdemócratas, preocupadas por la justicia social y por decretar derechos económicos, sociales y culturales para toda la gente.

Para estudiosos optimistas como García y Almonacid, la convergencia de ambos aspectos fue un acierto de la Constituyente. De acuerdo con ellos, esto permite avanzar hacia los objetivos de cualquier Estado contemporáneo: de una parte, insertarse en el nuevo orden mundial y abrirse a la economía de mercado para crecer, y de otra parte, corregir los costos sociales de las iniciativas privadas. Sostienen estos autores que la Constitución del 91 inaugura una "economía social de mercado" [6], comprometida con la regulación estatal de las iniciativas privadas, en función de reducir las desigualdades sociales.

Esta lectura sin embargo, no carece de contradicciones. Los mismos autores, retomando a Rodrigo Uprimny, advierten que en la constitución se asumen tres concepciones del Estado, en conflicto entre sí: La del Estado liberal de derecho; la del Estado democrático y la del Estado social. Esa tensión se decanta en los dos perfiles antagónicos de la constitución económica colombiana: el perfil garantista y el perfil correctivo:

• El perfil garantista vela por la defensa de los derechos y libertades típicos del capitalismo: la propiedad privada, la iniciativa privada y la libre empresa.

• El perfil corrector intenta articular tales libertades económicas, necesarias para el crecimiento, con los objetivos de justicia social mediante la disminución de la desigualdad [7].

Revoltijo y ganadores

Mediante la acción política, entendida como el ejercicio del poder, un sector de la sociedad ata las manos de sus adversarios, en el sentido de limitar sus libertades: Pedro sobrio ata a Pedro ebrio, al decir de los constitucionalistas [8].

En la Asamblea Constituyente del 91 no existió un claro predominio de algún sector social:

• unos estaban sobrios por el realismo cínico de la economía: las prioridades del crecimiento, la rentabilidad de los negocios, la descarnada competencia mercantil nacional e internacional,
• otros estaban ebrios por sueños de igualdad y fraternidad, propendiendo por el acceso a derechos fundamentales.

En tal festín no existió una tendencia dominante que pudiese atar completamente a su rival. Como en el despelote de un caótico sancocho fiestero, cada parte buscó arrojar a la olla lo mejor de sus propios ingredientes: un sector político quiso otorgar a la ciudadanía herramientas para la exigencia de sus derechos fundamentales en consonancia con el proclamado Estado Social de Derecho; otro sector, dominante en los gobiernos de los últimos años, ha persistido en políticas y estrategias que terminan amenazando, precisamente, los derechos económicos y sociales de ciudadanas y ciudadanos.

Con el paso de los años, la balanza de la ley, burdamente equilibrada en el texto constitucional original, se ha ido inclinando de manera inequívoca hacia cierta tendencia, gracias al activismo decidido de los gobernantes de turno y al enorme poder de habilidosos grupos de presión.

¡Veinte años después, saboreamos con cierto hastío la "bienvenida al futuro" que prometió desde su campaña el presidente César Gaviria, exponente emblemático de la nueva derecha!

La puerta al oportunismo

Aunque la ambigüedad resulta inevitable por la complejidad y la contradicción inherentes al ser humano, al menos debería ser afrontada con algún grado de refinamiento. Este logra reducir el grado de indeterminación y pone algún orden -al menos un compás de espera- en medio de lo caótico y de lo contradictorio.

Pero cuando hay tosquedad, todo se amalgama simultáneamente, como nuestra mazamorra abarrotada en exceso por recetas contradictorias.

En una de las Confesiones de San Agustín se lee una refinada plegaria:

"Concédeme, Señor, castidad y continencia, pero no ahora mismo".

Una oración burda podría ser:

"Concédeme, Señor, castidad y continencia, pero también dame lujuria y desenfreno".

Los hacedores de la Constitución del 91 sufrieron un intenso acceso de tosquedad. La tosca ambigüedad constitucional conduce inevitablemente a que las leyes se presten a más de un doble sentido en los diversos momentos de diseño, interpretación e implementación de los mandatos constitucionales.

Si una constitución resulta toscamente ambigua, entonces se presta a manejos oportunistas. El sello de ambivalencia de las leyes puede ser funcional para el descarado pragmatismo de nuestros políticos, caracterizados por cambios dramáticamente veloces en sus principios, opiniones y valores.

Por ejemplo: ¡Hasta hace pocos meses, notables políticos, militares y formadores de opinión afirmaban enfáticamente que en Colombia no existe conflicto interno armado, ahora opinan que sí existe! y semejante oportunismo camaleónico se aplica a cambios de militancia partidista, virajes en materia de política pública y fluctuaciones en lealtades a ciertos "principios".

* Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor asociado de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario. Investigador del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la misma universidad.

** Politóloga. Profesora del área de metodología de la investigación de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Integrante del Observatorio de Redes y Acción Colectiva, ORAC. Joven investigadora, avalada por Colciencias, del Centro de Estudios Políticos e Internacionales, CEPI, dentro de la línea de investigación Movimientos sociales y acción colectiva.