La carta de 1991 propugna una vida digna del ser humano y ordena al Estado garantizarla.
Esto gracias a que el Estado Social de Derecho es consagrado como columna vertebral en actual Constitución.
La Constitución Política de 1991 sentó las bases de un nuevo país en muchos aspectos. El principal: la defensa de los derechos del ciudadano.
La Carta ha significado para la defensa de los derechos fundamentales un salto gigantesco. De décadas. De hecho, se la reconoce como "la Constitución de los derechos".
Se trata de una de las constituciones más vanguardistas del mundo en ese sentido. No solo se consagraron a nivel constitucional, sino que se crearon herramientas para garantizar su efectividad.
La tutela es hoy el mandato constitucional más expedito utilizado por los colombianos para defender sus derechos. Está al alcance de cualquier ciudadano.
La Constitución de 1991 es también la norma que más ha propugnado la igualdad entre los colombianos: ordena al Estado "promover las condiciones" para que esta sea "real y efectiva". Igualmente, establece que el Estado debe "adoptar medidas en favor de grupos marginados o discriminados".
Es este el significado del Estado Social de Derecho, del que habla el primer artículo de la Carta. Un Estado cuyo compromiso fundamental es garantizar los derechos esenciales de los gobernados para lograr una vida digna y participar como miembro pleno de la sociedad.
La Constitución de 1991 se ocupó de manera expresa de garantizar esa igualdad a grupos sociales tradicionalmente marginados, como los indígenas y los afrodescendientes. Reconoció la igualdad de cultos y la diversidad sexual y reforzó el papel de la mujer en la sociedad. En desarrollo de este mandato, los constituyentes le asignaron al Estado la obligación de intervenir para "dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos".
También se introdujeron mejoras sustanciales en el sistema democrático, imperfecto todavía en el mundo entero. Se profundizó la separación entre los poderes públicos, con énfasis, eso sí, en su armonía, y se crearon instituciones como la Fiscalía General de la Nación, la junta directiva del Banco de la República (con su independencia en el manejo monetario), lo mismo que las acciones populares, otra llave poderosa en poder de los ciudadanos.
Por primera vez, tal vez en razón del consenso político que la dio a luz, o por su juventud, la Constitución Política del 91 es vista por los colombianos como una entidad viva, capaz de determinar asuntos vitales de los ciudadanos.
No es un texto frío, un libro empolvado y olvidado en los anaqueles, sino una que es entendida por la sociedad toda como un punto de encuentro, un recurso garantista, un árbitro entre los diversos.
La conmemoración de los 20 años de su existencia ha llevado a diversos sectores políticos y sociales a salir en su defensa.
Pocas voces se han levantado para cuestionar la conveniencia de algunos de sus mandatos, pero la mayoría se ha volcado a pedir respeto por ella.
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