La Constitución de 1991 fue producto de una realidad en crisis que demandaba de algunos cambios en el orden económico, político, social, cultural, etc, enmarcados dentro de la lucha popular por una verdadera transformación social, del cual se aprovecharon varios sectores políticos y sociales interesados en modernizar el aparato del Estado en el marco de las políticas neo-liberales del mundo capitalista globalizado, ampliar la competencia política para acceder al poder del Estado amarrado al bipartidismo asfixiante y excluyente de aquel entonces y establecer un catálogo de derechos y libertades en favor de los ciudadanos, agobiados por el peso de los decretos de Estado de sitio de un ejecutivo cuasi-monárquico que concentraba y centralizaba buena parte del poder en sus manos, en detrimento del Congreso que había perdido poder político como representante y defensor de los intereses de sus electores y de una justicia amedrentada y limitada en el ejercicio de sus funciones por la denominada justicia castrense, encargada de juzgar a los civiles con violación de sus derechos constitucionales fundamentales.
Este Estado de cosas demandaba de una reforma Constitucional que fuera expresión de las nuevas relaciones sociales, que desde ya comenzaban a legitimarse y legalizarse con el establecimiento formal del Estado Social de Derecho, creándose la ilusión del cambio en materia de paz, reconciliación, democracia participativa y de bienestar general, que después de veinte años de vigencia de la Constitución, no se han materializado en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos, en tanto que varias de las garantías Constitucionales son objeto de toda clase de contrarreformas mediante las cuales se restringen cada vez más los derechos de los ciudadanos, especialmente en materia económica y social, tal como sucederá con la aplicación de la reciente reforma Constitucional sobre la sostenibilidad fiscal que limitará la acción de tutela por razones presupuestales y fiscales socavándose de esta manera la razón de ser de dicha institución.
El derecho al trabajo consagrado como uno de los principios y fines del Estado Social de Derecho, ha sido vulnerado permanentemente por los gobiernos de turno y empresarios en estos veinte años de vigencia de la Constitución, lo que ha contribuido a incrementar el desempleo, la informalidad y tercerización de las relaciones laborales, dejando en manos de las cooperativas asociativas de trabajo la surte de miles de trabajadores que no cuentan con un trabajo estable y digno, generando con ello más pobreza y desigualdad social.
En estas circunstancias aciagas para el pueblo Colombiano, el camino a seguir más que defender la Constitución de 1991 desvertebrada con las contrarreformas de corte anti-democrático y anti-popular, los ciudadanos deben exigir la convocatoria de una nueva Asamblea Nacional Constituyente encargada de aprobar una nueva Constitución que no sea fruto de acuerdos y consensos amañados de las viejas y nuevas estructuras políticas sino de las fuerzas políticas y sociales comprometidas realmente con la Paz, la Democracia política, económica, social y el bienestar general de los Colombianos.
VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL
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